2020
Ene

En Colombia, EII ayuda a desarrollar planes territoriales para frenar la deforestación y adaptarse al cambio climático

Un equipo de expertos en silvicultura, clima y uso del suelo se ha reunido en la capital de Colombia, Bogotá, para ayudar a desarrollar planes territoriales para las municipalidades con las tasas más altas de deforestación en la Amazonía colombiana. Esta es la primera reunión de este tipo y es parte de los esfuerzos para ayudar a las regiones a cumplir con un fallo de 2018 de la Corte Suprema de la nación que otorga derechos legales a la selva amazónica.

Los participantes manifestaron que, una vez aprobados, estos Planes Locales de Gestión del Suelo ayudarán a reducir las tasas de deforestación y prepararán a las municipalidades para afrontar los desafíos asociados con el cambio climático.

«Esto no tiene precedentes, no hay una plantilla para esto», dijo María Adelaida Fernández-Muñoz, coordinadora del programa nacional de EII para Colombia, y agregó que uno de los principales desafíos es desarrollar estrategias que se adapten a las necesidades y circunstancias únicas de cada región.

«Cada municipalidad es muy diferente, tiene sus propios procesos de deforestación», explicó. «Cada una es un caso único».

EII se está asociando con la empresa de ingeniería colombiana C.P.A. Ingeniería S.A.S en este proyecto, que cuenta con el apoyo de una subvención del Programa Visión Amazonía. El equipo incluye planificadores, así como hidrólogos, científicos de SIG, ingenieros forestales, expertos en comunidades indígenas, ecología y adaptación al cambio climático. Juntos están trabajando para proporcionar apoyo técnico, evaluación y análisis a los gobiernos de 15 municipalidades que han experimentado las tasas más altas de deforestación de la nación.

En conjunto, estas regiones representaron casi el 70% de la deforestación de Colombia en 2018. Incluyen: Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo en el departamento de Putumayo; Solano, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Puerto Rico en el departamento de Caquetá; Calamar, Retorno, Miraflores y San José del Guaviare en el departamento de Guaviare; y La Macarena, Uribe, Puerto Rico, Mapiripán y Vista Hermosa en el departamento de Meta.

La Corte Suprema de Colombia emitió un fallo histórico en abril de 2018 en respuesta a una carta de 25 jóvenes exigiendo que se tomen medidas para proteger la Amazonía para esta y las futuras generaciones. El fallo exige que los 81 gobiernos municipales de la Amazonía colombiana integren criterios de deforestación neta cero y adaptación climática en sus planes territoriales.

Once approved the plans will set policy in each of the regions for the next ten years, determining such things as road construction and agricultural expansion, both of which have contributed to rising rates of deforestation in Colombia.

Fernández-Muñoz says one key element of the planning process involves the “agricultural frontier” beyond which residents are prohibited from clearing forests for pasture or crops. She noted that once in place the plans will provide clear guidelines for communities living beyond the frontier on ways to promote forest recovery.

In addition to deforestation, the team is also providing guidance on issues related to protection of Indigenous People’s rights as well as climate change adaptation and risk management.

The team has seven months to finalize their recommendations, a tight window says Fernández-Muñoz, considering the breadth and scope of work involved. Once complete, documents will be submitted for approval from regional governments followed by the Regional Environmental Authority and the Municipal Assemblies of each municipality.

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